En la reunión (cuya acta se puede descargar aquí), se abordaron los 12 puntos entregados al gobierno mediante una carta dirigida al Presidente de la República y se transparentó la posición oficial respecto a ellos:

1. Educación garantizada constitucionalmente como derecho social

Se planteó por parte de los actores sociales que la educación es una plataforma de construcción de conocimiento al servicio del desarrollo social, cultural y económico del país, por lo que no puede ser entendida como un bien de consumo. En este ámbito se debe apuntar a un sistema educacional público, provisto por le Estado de forma gratuita, de calidad y al servicio del país.

El gobierno se mostró abierto a establecer reformas constitucionales para establecer la educación como un derecho, abordando el tema de la calidad pero eludiendo el de la gratuidad. El gobierno se mostró abierto a que los actores sociales hicieran observaciones a los proyectos de ley en la materia.

Quedan pendientes pronunciamientos oficiales por parte del gobierno en materias de gratuidad y, por tanto, de la garantía por parte del Estado de la educación como derecho social (por medio de la provisión o sólo del financiamiento) y el establecer de forma clara las responsabilidades de la familia y del Estado en el proceso educativo.

2. Aportes basales de libre disposición a las universidades del Consejo de Rectores, CRUCH

Planteado con el propósito de terminar con la condena al autofinanciamiento de las universidades tradicionales y, especialmente, de aquellas de propiedad del Estado, con el fin de permitirles desarrollar su labor regional y nacional.

El gobierno comprende que el Estado tiene un deber con dicha universidades. Señaló que´, así como estas universidades tienen derecho a dicho financiamiento, tienen deberes en consonancia con los desafíos del país (formación de profesores de excelencia, ciencia y tecnología y desarrollo regional). El gobierno reconoce del mismo modo el abandono histórico de esta universidades, ante l cual ha planteado implementar un fondo de revitalización. Estos aportes también apuntarán a la reducción de los aranceles en las universidades miembros del Consejo.

Quedan pendientes aspectos como las condiciones de asignación y cuantía de los aportes señalados que deben ser aclarados dada su importancia en el proceso de fortalecimiento de la educación pública.

3. Eliminar la participación de la banca privada en los sistemas de financiamiento de la educación

Planteado por parte de los actores sociales con el fin de terminar con el escandaloso endeudamiento familiar por el concepto de educación, así como frenar la precarización de las instituciones públicas más precarizadas.

El gobierno se mostró abierto en este tema, apuntando a la creación de un sistema de ayudas estudiantiles (de becas y créditos) administrado por el Estado conforme mejoren las condiciones de competencia en el sistema bancario. No existe en esta materia una propuesta clara por parte del ejecutivo.

Se debe abordar este tema dada la ambigüedad en la respuesta y propuesta del gobierno.

4. Fin efectivo al lucro en todo el sistema educacional

Como se ha comprobado con la experiencia nacional, el lucro en el sistema educacional repercute directamente en detrimento de la calidad.

En este punto, el gobierno accede a hacer cumplir la ley, en tanto ésta establece que las universidades son organizaciones sin fines de lucro. Esto mediante una Superintendencia. En cuanto al lucro en las demás instituciones del sistema (escuelas básicas y medias, Centros de formación técnica e Institutos profesionales), el ejecutivo señaló que su foco se encuentra en la calidad, no manifestándose de forma clara sobre el lucro en estas instituciones.

De este modo, queda claro que el gobierno tiene la voluntad de proseguir con los proyectos de ley ya enviados al congreso en esta materia, en los que se establece la privación de fondos estatales sólo a aquellas instituciones que no cumplan estándares de calidad.

5. Nuevas formas de acceso a la educación superior

Los actores sociales proponen un sistema de acceso que garantice el acceso, promoción y permanencia de aquellos estudiantes provenientes de estratos socioeconómicos más vulnerables y, especialmente, de aquellos con necesidades especiales.

El gobierno se manifestó favorablemente en esta materia que, si bien no plasmaron en planteamientos concretos, abordaron el mejoramiento o reemplazo del actual sistema (la PSU) y priorizar el mérito.

Los planteamientos por parte del ejecutivo son ambiguos en esta materia.

6. Garantizar que las instituciones provean educación de calidad

En esta materia, se propone trascender a los meros indicadores administrativos, poniendo especial énfasis en la garantía de calidad en el sistema público.

El gobierno se manifestó de acuerdo, planteando que no se tolerará el funcionamiento de instituciones de dudosa calidad, especialmente en aquellas con financiamiento público.

Se debe definir claramente el concepto de calidad y sus alcances en materia educacional, así como el rol del Estado con sus instituciones (Universidades y liceos) cuando éstos no satisfagan los criterios de calidad, dado que no se puede aplicar la misma política a instituciones públicas y privadas.

7. Eliminar los obstáculos legales que impiden la organización y participación de los distintos estamentos participantes del proceso educativo

Esto con el objeto de garantizar la participación democrática de los distintos estamentos de la comunidad educativa en las distintas instituciones educacionales.

El gobierno se mostró de acuerdo a la eliminación de los mecanismos legales que ejercen dichas prohibiciones, inclinándose a favor del criterio de las propias instituciones en lugar de imponer un reglamento.

De este modo, se derogaría el Decreto con Fuerza de Ley N°2 (MINEDUC) de 2010, que establece la prohibición de participar en la comunidad educativa a estudiantes y funcionarios a nivel terciario. Sin embargo, el gobierno no se manifestó sobre las garantías de participación.

8. Creación de una red estatal de educación, en todos sus niveles

El gobierno se mostró en desacuerdo. El acta señala que el gobierno no comparte la idea de crear una red estatal, al menos en educación superior, señalando que una red pública no garantiza, necesariamente, una oferta de calidad.

9. Fortalecimiento de la carrera docente

Con el fin de otorgar una mayor estabilidad laboral y mejores condiciones contractuales para lograr un proceso de formación continua para genera un ambiente escolar propicio para el aprendizaje y la enseñanza.

Si bien el gobierno manifestó que sus planteamientos en esta materia es dignificar la profesión docente, al igual que en el punto número 5, se deben definir el concepto de calidad y sus alcances, además de esclarecer los mecanismos para la medición de la calidad docente, trascendiendo a meros indicadores (como ocurre actualmente con el SIMCE, por ejemplo).

10. Desmunicipalización efectiva de los establecimientos básicos y secundarios municipalizados, creando un sistema público que dependa finalmente del Ministerio de Educación

Siempre de carácter descentralizado, crear un sistema estatal de educación, en reemplazo del sistema municipalizado, cuya dependencia administrativa y financiar recaiga en este sistema público.

El gobierno responde con lo ya propuesto en la materia: un cambio administrativo gradual en la educación pública mediante corporaciones de derecho público, descentralizadas, con autoridades sujetas al sistema de la alta dirección pública, con participación del gobierno central (el Ministerio de Educación), gobierno regional, gobierno comunal y la comunidad local.

Queda pendiente que el gobierno se manifieste claramente sobre la gradualidad del proceso, su universalidad y la definición de la participación del Ministerio de Educación.

11. Término del sistema de Financiamiento Compartido

El sistema de financiamiento compartido en educación primaria y secundaria es uno de los grandes responsables de la intolerable segregación educacional de Chile, y que no se condice en lo absoluto con las aspiraciones de desarrollo igualitario de nuestra sociedad.

El gobierno no manifestó ningún reparo en el actual sistema de financiamiento compartido, hasta que se les manifestaron sus implicancias en la segregación educacional de Chile.

12. Garantizar los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios, establecidos en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Ley N°19.253

Junto con esto, establecer el reconocimiento oficial de los hogares estudiantiles mapuche.

El ejecutivo manifestó su voluntad de cumplir con los acuerdos y leyes establecidos en esta materia.

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