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“(…) el peso del pasado ha comenzado a dejar en evidencia una cantidad de inconsistencias que producen serias ineficiencias y distorsiones en el sistema. Si el gobierno quiere lograr sus objetivos de igualdad, calidad, relevancia y eficiente uso de los recursos y si el sistema educacional terciario quiere darle al país la posibilidad de competir en una economía global del conocimiento, es necesario enfrentar varios temas fundamentales”

En 2009, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Banco Mundial publican su informe Revisión de Políticas Nacionales de Educación: la educación superior en Chile, en el cual, si bien reconocen que el sistema educativo en general ha logrado alcanzar niveles aceptables de cobertura, dejan al descubierto numerosas falencias del sistema, sobre todo a nivel de la educación terciaria, además de hacer un análisis a la historia y evolución del sistema.

En su apartado dedicado a la historia y desarrollo del sistema nacional de educación superior, el informe destaca la reducción de la contribución pública a la educación superior: una merma de 41% entre 1980 y 1990, como así la mantención de la política educacional heredada por la dictadura por parte de los gobiernos de centro-izquierda que le sucedieron a partir de 1990, mencionando como las reformas más importantes aquellas introducidas en 1994 (la introducción del Fondo Solidario de Crédito Universitario), 1997 (el Programa de mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación Superior, MECESUP), 2005 (la introducción del Crédito con Aval del Estado) y 2006 (la reforma al sistema voluntario de acreditación de las instituciones y la creación de la Comisión Nacional de Acreditación CNA).

En cuanto al sistema de admisión, específicamente la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el informe manifiesta que produce una distribución desigual de las vacantes en educación superior entre los grupos socioeconómicos, señalando las menores posibilidades de tener éxito en la PSU de aquellos estudiantes provenientes de establecimientos municipalizados o de ´las familias más pobres.

También en el ámbito de la desigualdad, el informe es categórico en señalar que es un factor importante el alto costo de estudiar en Chile. Según el informe, el promedio de los aranceles equivale al 30% del ingreso per cápita, tres veces más alto que en EE.UU., Australia o Japón. Asimismo, se señala que, si bien Chile cuenta con un programa de ayudas estudiantiles, al estar condicionados a los resultados de la PSU, no logran resolver realmente el problema de la desigualdad en el acceso. Continuando con su análisis de la desigualdad en el sistema, el informe señala que, eventualmente, el gran aumento del número de graduados desde 1990 puede saturar el mercado laboral, afectando las tasas económicas de retorno a la educación superior. En este ámbito, el informe es categórico también en señalar que las altas tasas de retorno a la educación terciaria observadas en Chile (el ingreso de un graduado de la educación superior casi cuadruplica a al de un trabajador egresado sólo de la secundaria) son producto, en gran parte, de las grandes diferencias de ingreso por las que se caracteriza nuestro país.

En cuanto al sistema de educación terciario técnico-profesional, el informe destaca que existe aún un notable desafío de la calidad, señalando, por una parte, que existe un 10% de déficit en el número de técnicos necesarios para el desarrollo del país y, por otra, que las destrezas de profesionales y técnicos en Chile no superan a las alcanzadas por los jóvenes recién egresados de la educación secundaria en economías avanzadas.

Sobre la descentralización del sistema educacional de nivel superior que, dicho sea de paso, fue uno de los pretextos usados en su momento para desmembrar las universidades estatales de presencia nacional con la reforma de 1981 (la Universidad de Chile y la extinta Universidad Técnica del Estado), el informe señala la inexistencia de una política nacional explícita para igualar las oportunidades en educación superior entre las regiones del país.

El informe también establece cuestionamientos al sistema de financiamiento del sistema, destacando que el Aporte fiscal Indirecto (AFI), que corresponde a un fondo que recompensa a las instituciones (públicas o privadas) que matriculen a los mejores 27.500 puntajes PSU, termina por privilegiar a los estudiantes provenientes de familias de más altos ingresos. Asimismo, la OCDE y el Banco Mundial recomiendan no condicionar los préstamos otorgados a los estudiantes a los aranceles de cada universidad, dado que esto constituye un incentivo claro para aumentarlos. También se recomienda revisar aspectos como las tasas de interés, los topes mensuales y el máximo de duración de los pagos de dichos préstamos, proponiendo un sistema de descuento automático sobre las remuneraciones del egresado deudor.

En su capítulo segundo, el informe trata los logros y problemas pendientes del sistema de educación superior chileno. El informe destaca la enorme segmentación del sistema de educación terciaria y su supeditación al éxito en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la cual a su vez responde en gran medida al origen socioeconómico, al establecimiento de egreso y a su ubicación geográfica. Asimismo, el informe menciona que los sistemas de becas y créditos son muy complejos y que pretenden lograr demasiados objetivos simultáneamente, en lugar de enfocarse en resolver el problema de la equidad en el acceso. Asimismo el informe señala: “De acuerdo con normas internacionales, la educación superior en Chile es cara y gran parte de su costo recae en los estudiantes y sus familias, y una parte muy pequeña, en el Estado”.

En cuanto a la institucionalidad del sistema, se señala la necesidad una “cultura de rendición de cuentas y transparencia más estricta, tanto en las instituciones públicas como privadas”, como así se destacan las trabas burocráticas y la gestión poco flexible de las universidades públicas. Asimismo se señalan los requerimientos de una mayor planificación, coordinación y colaboración en el sistema, sobre todo a nivel de la investigación e innovación que responda a las necesidades estratégicas del país.

El rol del estado es un punto que considera el informe, señalando la existencia de un conflicto para el gobierno en cuanto a al participación del mercado versus la participación del Estado, frente a lo que señala la necesidad de mayores financiamientos estatales para que las universidades desempeñen su importante función pública.

Ver informe completo (documento pdf)

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